El debate del diésel sigue igual de candente una semana más. Así que mientras siguen arreciando las críticas por el tratamiento que se está dando desde el Ejecutivo central, autonómico e incluso ayuntamientos al gasoil que otrora fuera el combustible estrella en nuestro país, el Gobierno ha tenido que poner en cifras lo que costará a los bolsillos de los usuarios la subida del diésel: 3,3 euros al mes. Eso es lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que su departamento ha calculado para un conductor que haga unos 15.000 kilómetros anuales y tenga un vehículo con una antigüedad media. O, lo que es lo mismo, unos 38 euros totales por cada 1.000 kilómetros de combustible, sin precisar más datos que los que aportamos.
De esta subida del diésel estarán exentos los profesionales del transporte y será, en palabras de la titular de Hacienda, “su granito de arena para que nuestros nietos puedan disfrutar de un planeta verde“, ha dicho Montero, que espera “que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor”. El objetivo es equiparar los costes de la gasolina y el diésel paulatinamente. Pero, entretanto, ha llegado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ha puesto en evidencia el plan del Gobierno socialista. Y es que la OCU deja claro que “no se opone” a que se igualen los impuestos entre la gasolina y el diésel, pero se plantea…¿por qué no hacerlo a la baja?
Para la OCU, la subida del diésel es “injusta” para los consumidores y lo que es peor, “ineficaz” desde el punto de vista medioambiental, subrayando que la “persecución” que se está haciendo desde el Gobierno y desde algunos consistorios no debe ir dirigida a los vehículos de gasóleo, sino a los más contaminantes, independientemente del combustible que sean, porque “de seguir en esta línea, habrá un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO²) en los próximos años, muy al contrario de lo que supuestamente se pretende evitar con la actual propuesta fiscal”. Y, en todo caso, concluye la organización defensora de los derechos de los usuarios, sí pide que la subida del diésel que conllevará un extra de recaudación se utilice para subvencionar la compra de coches más ecológicos y al achatarramiento de los más antiguos, “que son verdaderamente los que contaminan más”. En esa tesis también nos movemos en OcasionPlus, que siempre premiamos sobrepagando a los clientes por sus coches viejos si, a cambio, se llevan uno más nuevo de nuestras tiendas.
Patronales, fabricantes, sindicatos y empresarios, contra la subida del diésel
Es difícil poner de acuerdo a tantos colectivos en tan poco tiempo. Pero es que el Gobierno lo ha conseguido con lo que ya se denomina la “criminalización del diésel”. Los máximos representantes de las principales asociaciones de la industria del automóvil en España publicaron una carta abierta a la opinión pública para arrojar luz sobre la realidad de los coches diésel y criticar duramente la actitud del Ejecutivo socialista.
Pero es que en la última semana se han unido empresarios de Baleares y hasta la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, que cifra en 35.000 los empleos que se han perdido en nuestro país desde que comenzó la campaña, por lo que exige que se “paralice la criminalización” y que se lleve a cabo una “transición coherente y pausada” articulada en torno a un Pacto de Estado por la Industria. Antes habían sido los empresarios de Baleares, que habían mostrado su rechazo frontal al plan del Gobierno de Baleares de prohibir incluso la venta de vehículos diésel en 2025 y de gasolina en 2035, algo que restará competitividad y conllevará un alto coste para los ciudadanos. Son los últimos episodios de una discusión que muy probablemente siga durante las próximas semanas.
