El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la ZBE de Madrid. Esta decisión se basa en la falta de un informe de impacto económico adecuado y su posible efecto discriminatorio para los sectores más vulnerables, como aquellos autónomos o empresas pequeñas, llegando afectar a millones de madrileños.

La anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible implica la suspensión de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE), es decir, las zonas que se implementaron en el Distrito Centro y Plaza Elíptica, en donde no podrían entrar vehículos que no tuvieran una etiqueta Eco o Cero, al mes de que el vehículo tuviera el permiso correspondiente. Una medida que había dejado con cierta incertidumbre al ámbito empresarial y social.

Razones de la anulación de la ZBE de Madrid

La sentencia del TSJM se fundamenta en el incumplimiento del “principio de transición justa”, consagrado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es decir, que los afectados tuvieran la oportunidad y la posibilidad, no solo económica, de poder cambiar de vehículo para cumplir la normativa. Este principio exige que las políticas medioambientales tengan en cuenta las circunstancias económicas de los colectivos más vulnerables.

La ordenanza no realizó una evaluación adecuada del impacto que las ZBE tendrían sobre estos sectores, incluyendo a ciudadanos de menor capacidad económica y a miles de autónomos y pymes. Los jueces consideraron que las restricciones impuestas no fueron suficientemente ponderadas, lo que podría haber derivado en medidas menos restrictivas o en mecanismos de apoyo a los afectados.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las áreas que son afectadas por la anulación son las ZBEDPE (Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección), es decir, las del Distrito Centro y Plaza Elíptica. Estas zonas limitaban la circulación de vehículos sin etiqueta medioambiental, ahora quedan sin efecto. Desde hace unos meses, ya se estaba empezando a sancionar a todos los conductores y vehículos que incumplieran esta normativa.

Consecuencias de las Sanciones

Un aspecto clave de la sentencia es la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid tenga que paralizar las multas impuestas por acceder a la ZBE y devolver las cantidades recaudadas. Se estiman que sean más de 330 millones de euros. Esta decisión afectaría a más de 1.760.000 sancionados, muchas de ellas aplicadas a vehículos que cumplen con las normativas de emisiones, pero que, por la falta de análisis proporcional, fueron restringidos de manera injusta.

El Ayuntamiento de Madrid tiene la posibilidad de interponer el recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los próximos 30 días, generando una mayor incertidumbre sobre el futuro de la ZBE de Madrid y la gestión de las multas. Sin embargo, según fuentes del gobierno, se espera que la sentencia no sea recurrida, considerando que los argumentos presentados por el Tribunal están bien fundamentados.

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