El tema del “dieselgate” va a traer cola y no solo para Volkswagen. Por ahora, la marca está teniendo que afrontar unas sanciones de proporciones más que importantes en Estados Unidos y no exclusivamente por la descomunal multa, sino por tener también que recomprar miles de unidades. Igualmente han caído las ventas en algunas regiones y los motores diésel se están viendo afectados por la percepción que comienza a tener la gente de ellos. Y esto es solo en cuanto al fabricante, teniendo en cuenta algunos ejemplos, pues internamente va más allá y los recortes en gastos están siendo notorios. Mientras, externamente, varios países inexplicablemente no han sancionado al fabricante por incumplir la normativa y ahora dichas naciones se verán afectadas por el suceso al no tomar medidas. Realmente, inexplicable lo que se dice inexplicable, no es. Como suele pasar con empresas de esta envergadura, los países buscan tenerlas contentas por diversos motivos, principalmente económicos y políticos, evitando “molestarlas”. El problema para esos países con predilección por las multinacionales como Volkswagen son las acciones legales que la Unión Europea ha emprendido por no haber tomado medidas contra el fabricante alemán por hacer trampas. Y sí, España está entre los países afectados por las acciones que desde la Unión Europea se quieren llevar a cabo.
Pero además, tanto Alemania como Reino Unido se han negado a compartir información sobre otras posibles infracciones de la normativa comunitaria descubiertas durante las investigaciones nacionales correspondientes. Algo que tampoco es de extrañar, ya que ambos países siempre se han mantenido un tanto al margen del resto de naciones históricamente. Es como si no quisieran mezclarse con el resto y desconfiaran de los demás. Lo más llamativo es que la Unión Europea también arremeterá contra países como Lituania, República Checa o Grecia al no tener siquiera, normativa para sancionar a grandes industrias europeas en caso de fraude normativo.
Que estos países no hayan llevado a cabo ninguna acción se puede explicar de varias maneras, siendo en España puramente político y económico como hemos comentado. Volkswagen, a través de SEAT, es el responsable del 1,3% del PIB de 2015 y desde las alturas administrativas parecen no querer cabrear a una empresa que genera muchos puestos de trabajo y que podría dejar de invertir en el país si se la molesta. Aquí en España sólo han sido algunos particulares quienes han llevado acciones legales contra la compañía y mientras algunas han terminado en fallo hacia la marca, lo que deja mucho para debatir y especular, otras han llegado a buen puerto y en octubre se producía la primera sanción económica a favor de un cliente, un propietario de un Audi A5 de 2013 que percibió 5.006 euros (el 10% del valor del vehículo) como indemnización. Es una cifra ridícula para una empresa del tamaño de Volkswagen, pero es un primer paso.
Mientras tanto, desde el Gobierno esperan dictar sentencia para junio de 2017, demostrando que la Justicia española es especialmente lenta, pues el caso se destapó en Estados Unidos en 2015 y todavía no hay decisiones. En Estados Unidos se les ha multado con nada menos que 15.000 millones de euros y la obligatoriedad de recomprar todas las unidades afectadas, pero en Europa no hay sanción a la vista y desde la Comisión se han cansado. Al menos por ahora no se tendrá que soltar un euro y se trata de un primer paso en todas estas acciones legales a escala tan grande. Ahora los países afectados tienen dos meses para presentar alegaciones y convencer a la Comisión Europea de que se están haciendo las cosas como se deben.
Desde España y por medio del ministro de justicia, Rafael Catalá, se defiende haber actuado a tiempo. Según palabras del mismo ministro:
“Estudiaremos los que nos plantea la Comisión Europea porque desde que se conoció el asunto, en España se han producido acciones. El Ministerio de Industria ya inició expedientes informativos que pueden derivar en su caso en sanciones en relación con SEAT, que es la empresa que tiene su domicilio en España en el Grupo Volkswagen”.
Al mismo tiempo que todo esto ocurre, el Gobierno español reclama a Volkswagen las ayudas para el plan PIVE, lo más “gordo” en cuanto sanciones digamos. Una ayuda que en las últimas ediciones no ha sido entregada ni a los concesionarios ni a fabricantes. También se están reparando las unidades afectadas porque en la Unión Europea sale más barato que recomprar las unidades, siendo al revés en Estados Unidos, donde los límites de emisiones son menores y adaptar los motores a esa normativa no sale rentable.
